El secretario general del pleno del Ayuntamiento de Gandia reconoce que con Torró vio «cosas que no había visto nunca»
El secretario general del pleno del Ayuntamiento de Gandia, Lorenzo Pérez Sarrión, dejará su puesto en el consistorio gandiense, a partir del 1 de marzo, para convertirse en el nuevo secretario general de la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana.
Pérez Sarrión llegó al Ayuntamiento de Gandia en el año 2007. Ha ejercido su cargo durante casi tres legislaturas, con tres alcaldes diferentes, José Manuel Orengo, Arturo Torró y actualmente Diana Morant, y hoy ha hecho balance en Radio Gandia SER de su trayectoria en el consistorio gandiense.
El secretario general asegura que en todo este tiempo ha crecido mucho, y ha procurado aportar sus conocimientos, por ejemplo, en la aplicación de la ley de Administración Electrónica, del que Gandia es referente en su implantación. Pero junto a las luces, también reconoce que ha habido sombras, y en concreto, en la legislatura gobernada por el popular Arturo Torró, el secretario general asegura que ha visto cosas que “espera no volver a ver”.
El secretario general del Ayuntamiento de Gandia tuvo que acudir a los tribunales en calidad de investigado hace un año, junto a la alcaldesa Diana Morant y otros altos cargos públicos, tras la querella presentada por el PP, que los acusaba de no dejarles acceder a sus despachos tras la investidura de Morant. Sobre este episodio, Pérez Sarrión ha señalado que éste fue un caso muy claro de “instrumentalización política” que, una vez más, acaba perjudicando a su profesión como servidor público, a su reputación y a su vida personal.
En su calidad de miembro, hasta hace pocos días, del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, conocido como COSITAL, Pérez Sarrión ha venido advirtiendo, junto a sus compañeros de profesión, que programas como el “Edificant” que ha puesto en marcha la Conselleria de Educación, son una buena muestra de confianza de la administración autonómica en la local, pero recuerda que existe un marco normativo estatal que ha recortado muchas competencias a los ayuntamientos para evitar que se endeudaran, lo que implica que no puedan asumir este tipo de competencias.