Las obras del trinquet de Gandia son ilegales según un juzgado de Valencia

El Ayuntamiento de Benirredrà solicitará la interposición de medidas cautelares, por parte de la justicia, para que no se puedan retomar las obras pendientes en el trinquet de Gandia, unas instalaciones que como saben están en una zona limítrofe entre los dos términos municipales y que generaron en su día una controversia que acabó en los tribunales.

Este es el siguiente paso que pretende dar este Consistorio después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valencia haya anulado, por no ser conforme a derecho, la resolución del Ayuntamiento de Gandia de aprobación del proyecto de construcción del trinquet municipal.

Se trata de una obra que se llevó a cabo en la anterior legislatura, con el gobierno del PP, y por la que este juzgado estima ahora el recurso presentado por el Ayuntamiento de Benirredrà, que alegaba la ilegalidad urbanística por varios conceptos. En este sentido, en el recurso de Benirredrà se denunciaba, como principales alegaciones, que la zona en la que se ha construido no estaba destinada a uso deportivo, que la Conselleria de Obras Públicas no aprobó el proyecto, y que tampoco se informó al municipio limítrofe la modificación urbanística realizada por Gandia.

Loles Cardona, alcaldesa de Benirredrà, apunta que también se denunció elincumplimiento de la separación mínima de 25 metros que establecen las normas urbanísticas respecto a edificaciones de distinta calificación, así como que no se atendía a la normativa vigente sobre paisaje. En cualquier caso, la sentencia no es firme y cabe recurso. Eso sí, de momento, los representantes municipales han convocado, para la tarde del martes 27 de febrero, una asamblea vecinal en la que se dará cuenta del resultado del fallo judicial.

Conocida esta nueva sentencia, el portavoz del Gobierno de Gandia, José Manuel Prieto, ha manifestado que el actual ejecutivo ha tenido que resolver por el trinquet varios problemas heredados del anterior Gobierno del PP.  

Por una parte, ha solventado una obra sin terminar y con cuantías sin pagar, y por otra, ha tenido que desbloquear la propia ejecución de la obra. Ahora el actual ejecutivo, dice Prieto se encuentra con esta sentencia, que no es más que “otro pufo del PP”, debida en esencia a defectos de forma de una parte del proyecto de construcción. Según Prieto, los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudiarán la sentencia y se si se recurre o no el fallo judicial