Spama recurre la decisión judicial
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Valencia ha rechazado la medida cautelar demandada por la Sociedad Protectora de Animales de la Safor, SPAMA, que solicitaba a la justicia que paralizara la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de Gandia del contrato de adjudicación del servicio de recogida de animales.
Como les hemos venido contando, SPAMA se ha opuesto desde el primer momento a esta contrata, a la que no optó porque, según señalaron sus representantes, no cumplía los requisitos que demandaba el pliego de condiciones.
El asunto ha llegado a la justicia pero la juez del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Valencia ha desestimado las alegaciones realizadas por la protectora. La magistrada considera que dichas alegaciones no corresponden a un supuesto interés público sino al particular de SPAMA de seguir prestando el servicio, que venía desempeñando hasta la convocatoria del concurso público por parte del consistorio gandiense.
SPAMA recurre la decisión judicial
La decisión de la juez ya ha sido recurrida por SPAMA, tal como ha confirmado a Radio Gandia SER Rosa Tormos, miembro de la junta directiva de esta entidad. Tormos lamenta que la juez haya basado su resolución en jurisprudencia relativa a la recogida de residuos sólidos. A su entender, no se puede comparar la recogida de basura con la recogida de animales.
Asimismo, Rosa Tormos recordaba que SPAMA solicitó esta medida cautelar para conseguir que los animales susceptibles de ser sacrificados fueran llevados a la protectora y no a la empresa concesonaria del servicio, sin pedir por ello ninguna contraprestación económica. Rosa Tormo recuerda además que además de solicitar esta medida cautelar, SPAMA ha presentado dos denuncias más ante los juzgados, una por el contenido de la plica aprobada por el Ayuntamiento de Gandia para contratar el servicio y otra por la adjudicación del mismo.
Por su parte, el concejal responsable de Gestión Responsable del Territorio del consistorio gandiense, Xavier Ródenas, ha señalado que el gobierno se limita a respetar las decisiones judiciales.