Un juzgado de Valencia investiga una presunta financiación ilegal del PSPV y el Bloc
Según publica, este miércoles 28 de marzo, el diario El Mundo en su edición de la Comunitat Valenciana, un juzgado de Valencia investiga desde hace un año una presunta trama de financiación ilegal del PSPV y el Bloc Nacionalista Valencià, por presuntos delitos electorales, prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos que se habrían cometido entre 2007 y 2011.
Según esta misma información, la sociedad Crespo Gomar, con sede en Gandia,habría facturado servicios a estas dos formaciones políticas de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, sobre todo constructoras, mediante la presunta falsificación de firmas.
Se da la circunstancia de que el presidente de Crespo Gomar fue Alberto Gomar, hijo del exconcejal socialista Antoni Gomar. Según apunta este periódico en su información, también estaría implicado en estos hechos Josep Ramón Tiller, ex jefe del gabinete de alcaldía de José Manuel Orengo en su etapa como alcalde de Gandia y posteriormente gerente de la empresa pública Imelsa.
En cuanto al Bloc Nacionalista Valencià, la información aportada por El Mundo señala que en la documentación en poder de la Policía aparece un informe que lleva por título“Estados de cuentas de Bloc”, donde figura la palabra “concepto” junto a una serie de empresas. La Policía estaría averiguando si estas empresas fueron las que realmente asumieron las facturas de la campaña del Bloc en 2007.
El vicesecretario general y portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, ha anunciado la creación de una comisión interna para aclarar lo sucedido, al tiempo que ha reconocido que algunos en el PP ya insinuaban que esta información saldría a la luz si los populares perdían la alcaldía de Gandia. Por su parte, el PP de la Comunitat Valenciana ha pedido a PSOE y Compromís que den explicaciones.
Sobre esta información, el Tribunal Superior de Justicia ha aclarado que el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, aunque abrió en diciembre de 2016 una investigación, más tarde, en enero del presente 2018, se declaró no competente para proseguir con dicha investigación, que trasladó a los juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid.