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Revocada la sanción por falta muy grave a un trabajador del Ayuntamiento de Villalonga
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Revocada la sanción por falta muy grave a un trabajador del Ayuntamiento de Villalonga

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La jueza del juzgado de lo Social nº9 de Valencia ha revocado la sanción por falta muy grave, impuesta por el Ayuntamiento de Villalonga a un trabajador, al que condenó a tres años de suspensión de empleo y sueldo.

 

Este trabajador municipal, que además era delegado del sindicato UGT en el consistorio de Villalonga, fue sancionado por el alcalde, el socialista Enric Llorca, quien tras contratar a un detective para que lo espiara durante el tiempo que estuvo de baja por ansiedad, aseguró que este empleado había estado realizando trabajos de albañilería por cuenta propia, lo que, a su entender, representaba un fraude a la Seguridad Social.
Tras la denuncia interpuesta por el trabajador, ahora una jueza concluye que no existe falta muy grave y revoca esta sanción en una sentencia contra la que no cabe ningún recurso de suplicación. En el auto, la magistrada señala que no se puede acreditar que los trabajos de albañilería que realizó este empleado en la vivienda de su cuñado tuvieran una contraprestación económica.
La jueza añade que este tipo de actividades fueron recomendadas por la psicóloga que le trataba, como terapia para recuperarse de la dolencia que motivó su baja médica y que no era de carácter físico, sino psiquiátrico.

 

El alcalde también imputó a este trabajador el vertido de escombros y restos de la obra que realizaba en el vertedero municipal, haciéndose valer de su condición de funcionario. La jueza señala en el auto que esta acción no puede ser considerada como falta muy grave porque, al igual que otros muchos empleados municipales, este trabajador tenía copia de la llave del vertedero y contaba con la autorización del alcalde para abrir este espacio en caso de que algún vecino lo solicitase.

 

El sindicato UGT se ha felicitado por esta sentencia y ha anunciado que sus servicios jurídicos ya están trabajando para exigir las responsabilidades legales a quienes, por acción u omisión, hayan participado en lo que califican de “cacería indigna”.
UGT también pide la dimisión inmediata del alcalde, Enric Llorca, a quien le exige que pida disculpas públicas a este empleado “por el sufrimiento injusto” que le ha ocasionado y que devuelva los más de 6.000 euros de las arcas municipales que ha gastado en lo que consideran una “persecución sindical”. Nos lo ha contado Paco Santiesteban,  secretario territorial intercomarcal de la UGT. Esta redacción ha tratado de ponerse en contacto con el alcalde de Villalonga en varias ocasiones, de momento, sin éxito.