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Polémica en el Ayuntamiento de Gandia por la consulta popular de Sanxo Llop
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Polémica en el Ayuntamiento de Gandia por la consulta popular de Sanxo Llop

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El Consell de Participació Ciutadana celebrado, en la noche del jueves 27 de abril, en el Ayuntamiento de Gandia tenía como objetivo ratificar la hoja de ruta que seguirá el gobierno a la hora de llevar a cabo las consultas populares. Sin embargo, la reunión generó cierto malestar en el seno del propio gobierno cuando la representante de Compromís, Alícia Izquierdo, señaló que su partido no tendrá en cuenta el resultado de la consulta referida a la urbanización de Sanxo Llop.
El grupo municipal del PP ha criticado la postura de los nacionalistas. El portavoz PP, Víctor Soler, se ha preguntado para qué quiere el ejecutivo hacer esta consulta y gastarse 8.000 euros en todo el proceso si sabe de antemano que los populares y Compromís se van a mostrar en contra de esta urbanización cuando este asunto se traslade al pleno. Para Soler, esta consulta es una “tomadura de pelo”.
Tras estas críticas, el concejal de Participación Ciudadana, Nahuel González, asegura que el PP ha tergiversado el contenido de la reunión y ha atribuido esta situación a un “malentendido”Según González, el partido al que él representa, Esquerra Unida, además de PSOE y Ciudadanos, sí darán validez al resultado de la consulta ciudadana en torno a la urbanización de Sanxo Llop mientras que Compromís someterá esta cuestión a la decisión de la Asamblea.
Otra crítica del PP al gobierno de Gandia 

El grupo municipal del PP de Gandia ha denunciado que el gobierno aplicará, por decreto, un cambio en el Reglamento de Organización y Gobierno de la Administración del Ayuntamiento de Gandia, el ROGA. Lo hará, previsiblemente, en la comisión de Administración del próximo martes cuando, según ha denunciado el portavoz popular, Víctor Soler, cambiará el artículo 55 de esta normativa para que cualquier funcionario del Grupo 1, es decir, de la administración general, pueda ejercer tareas de la administración especial.

 

Este cambio, según Soler, permitirá que una funcionaria adscrita al departamento de Cultura pueda ejercer tareas en el servicio de asesoría jurídica. El portavoz popular ha criticado este cambio y ha exigido al gobierno que cubra las dos plazas vacantes en los servicios jurídicos del ayuntamiento a través de la bolsa de trabajo creada a tal efecto y no cambiando a los funcionarios a su criterio.