El Ayuntamiento de Gandia reacciona a la demanda de los vecinos del Prado
Primera reacción desde el Gobierno de Gandia a la noticia que, el miércoles 29 de marzo, les avanzábamos sobre la demanda interpuesta por una comunidad de vecinos contra el ayuntamiento de la ciudad por una serie de irregularidades en las licencias concedidas a un conocido pub de la plaça del Prado. Recordemos que en la demanda se impugna las licencias otorgadas a este establecimiento desde el año 2005, y se pide la revocación de las mismas de manera subsidiaria.
El coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandia, Vicent Mascarell, asegura que la demanda aun no ha llegado al consistorio y que la única Información que conoce es a través de Radio Gandia SER. Vicent Mascarell ha lamentado que “está siendo habitual que los vecinos inicien procedimientos judiciales ante la supuesta inactividad de la administración”, al tiempo que ha subrayado que los problemas en la Plaça Prado se vienen arrastrando desde hace varios años, y ha reconocido que “los tiempos de las administraciones son lentos e insatisfactorios en ocasiones para los ciudadanos”.
A falta de conocer el contenido de la demanda, Mascarell ha manifestado que el asunto de la actividad de este pub es complicado, aunque afirma que “se ha intentado dar solución” y se han hecho muchas inspecciones. El responsable de Urbanismo ha señalado, no obstante, que a pesar de la lentitud de la administración, “el procedimiento es muy garantista”, y que si los vecinos tienen razón el ayuntamiento no tendrá “inconveniente en revertir las licencias del establecimiento”.
Mascarell ha querido recordar que la licencia de actividad de este pub de la plaça Prado ya tiene más de 10 años y que ha venido siendo continuada. El titular de Urbanismo también ha puesto de relieve que el ayuntamiento ha abierto varios expedientes sancionadores al establecimiento por problemas de ruido en diferentes legislaturas.
El grupo municipal del PP no ha querido pronunciarse sobre esta demanda, solo se ha limitado a indicar que los ciudadanos están en su derecho de acudir a la justicia cuando lo estimen necesario