Arturo Torró se defiende atacando

Sin duda, no hay mejor defensa que un buen ataque. Con esta premisa han respondido desde el grupo municipal del PP a las acusaciones del Gobierno local sobre IPG. El exalcalde de Gandia, Arturo Torró, documentación en mano, ha explicado que el actual Ejecutivo municipal ha seguido pasando inyecciones económicas desde el Consistorio a la empresa pública, ya que de otro modo no podrían prestarse muchos de los servicios que corren a cuenta de IPG.
Transferencias con conceptos como el de gestión de Saforbici y otras, con cantidades que van desde los 5.000 a los 12.000 euros. Precisamente esta documentación es la que hoy ha esgrimido Torró ante el juez que lleva el caso de una denuncia, realizada por el PSOE, en la que se pone en solfa que el anterior Gobierno local del PP también aprobó el traspaso de dinero a IPG.
No obstante, el asunto más grave es el presunto pago de 1,1 millón de euros del Ayuntamiento de Gandia a la empresa pública, en concepto por el pago del solar público de Decathlon. Y es que esta operación, de haberse realizado tal como denuncia Torró, se podría considerar como un delito de “alzamiento de bienes”, al tratarse de un inmueble propiedad de una empresa en liquidación sobre la que pesa un embargo, que se ha intentado evitar a través de un banco que ha operado al margen de la supervisión del Banco de España.

Por su parte, el concejal popular, Guillermo Barber, ha recordado que el entramado de empresa públicas se puso en marcha por un gobierno en el que estaba tanto el PSOE como el Bloc, y que 6 meses antes de las elecciones municipales que propiciaron la entrada del PP como Gobierno de Gandia, se aprobó un traspaso millonario de dinero a la empresa pública que no se sabe dónde ha ido.